- julio 4, 2025
- Posted by: VALORATEC
- Categoría: MATERIA CONSTITUCIONAL
Con fecha 21 de mayo de 2025, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió la Resolución No. 09-2025 como precedente jurisprudencial de carácter obligatorio en base a sentencias con efectos inter partes, las cuales después de su análisis pasaron a tener efecto erga omnes. Tal precedente fue publicado en el Registro Oficial No. 69 del 25 de junio de 2025.
La Corte Nacional de Justicia resolvió dicho precedente en fundamento de lo estipulado en la Constitución de la República, en su Art.173 el cual se refiere al derecho existente para impugnar cualquier acto administrativo ya sea en instancias administrativas o judiciales.
Adicionalmente, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia ha establecido que en los procedimientos contencioso administrativo es obligación de la entidad demandada remitir el original del expediente administrativo que dio origen al acto administrativo con el objetivo de realizar el control de legalidad del acto impugnado y todo su procedimiento.
Tal análisis incluye el darle la validez al expediente administrativo para que este sea analizado en conjunto con todos los elementos que lo integran, y; desarrollando el criterio acerca de la facultad que tienen el tribunal distrital de lo contencioso administrativo para analizar los elementos que constituyen el expediente como medios probatorios, independientemente si alguna de las partes hubiera mencionado en individual alguna actuación correspondiente al expediente administrativo.
De tal forma, la resolución declara como precedente jurisprudencial obligatorio que los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo tienen la facultad de revisar y analizar los documentos del expediente administrativo como parte de su función de control de legalidad sobre los actos de la administración pública.
Es decir que, los tribunales no solo pueden, sino que deben examinar todo el expediente administrativo relacionado con un procedimiento administrativo, para asegurarse de que la actuación del Estado o de las autoridades administrativas sea conforme a la ley. Se fortalece así el rol del poder judicial en el control de los actos administrativos, asegurando que estos sean transparentes, razonables y legales.
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